Las muertes de un líder indígena y un maestro comunitario ponen de manifiesto la lucha continua por la justicia, la dignidad humana y los derechos territoriales en Paraguay.
Paraguay | Octubre de 2026
El 14 de agosto de 2026, la tragedia golpeó a la comunidad indígena Ava Guaraní de Tekoha Y’apo, ubicada en el distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, Paraguay. Antonio Carrillo, un respetado líder indígena, y Catalino Correa, un maestro que servía a los niños de la comunidad, perdieron la vida durante una operación de seguridad cuyas circunstancias siguen siendo profundamente controvertidas.
Sus muertes han atraído la atención internacional sobre la larga lucha de la comunidad por defender su territorio ancestral y han provocado llamamientos urgentes de organizaciones católicas, defensores de los derechos humanos y VIVAT International para que se establezca la verdad, la justicia y la protección de los pueblos indígenas.
Una comunidad que defiende su territorio ancestral
Durante más de dos décadas, la comunidad Ava Guaraní de Tekoha Y’apo ha luchado por proteger sus tierras ancestrales contra las reclamaciones concurrentes de intereses agroindustriales privados.
El territorio abarca aproximadamente 11.098 hectáreas, que la comunidad sigue ocupando y defendiendo. Aunque el Estado paraguayo ha reconocido a la comunidad y ha demarcado su territorio, la comunidad todavía carece de un título de propiedad colectivo formal, lo que la deja vulnerable a reclamaciones concurrentes e intentos de despojo.
Según los informes proporcionados a VIVAT International, Estancia Americana, descrita como una empresa agroindustrial germano-brasileña, reclama la propiedad de la tierra y busca utilizarla para la producción agrícola. Los miembros de la comunidad se han resistido a los intentos de tomar el control de su territorio.
Tekoha Y’apo no es un asentamiento informal sin reconocimiento público. Es una comunidad indígena legalmente reconocida con cinco escuelas primarias, dos instituciones educativas secundarias y un puesto de salud apoyado por el Estado paraguayo.
Para su gente, la tierra es mucho más que un recurso económico. Es el fundamento de su identidad cultural, vida comunitaria, espiritualidad y generaciones futuras.
Los trágicos sucesos del 14 de agosto
El 14 de agosto, mientras la comunidad celebraba el Día del Niño, se desarrollaron acontecimientos que dejarían a dos familias de luto y a toda la comunidad con miedo.
Según la información compartida por los representantes de la comunidad, Antonio Carrillo fue invitado a una reunión en Estancia Americana sobre la disputa territorial. Como no tenía vehículo, el maestro comunitario Catalino Correa lo acompañó.
La comunidad alega que los dos hombres fueron aprehendidos y posteriormente asesinados. Los familiares han cuestionado la versión oficial de un enfrentamiento armado y han alegado que se colocaron armas junto a los cuerpos para crear la apariencia de un intercambio de disparos.
La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, según el informe compartido con VIVAT International, sostuvo que las muertes ocurrieron durante un enfrentamiento armado que involucró a personas supuestamente conectadas con una organización criminal. La comunidad rechaza enérgicamente esta caracterización.
El mismo día, otro líder indígena, Bruno López Ortiz, fue presuntamente detenido en su casa y trasladado en helicóptero a prisión.
Las versiones contradictorias subrayan la necesidad urgente de una investigación creíble, independiente y transparente capaz de establecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
De particular preocupación es el hecho de que solo tres días antes de su muerte, Antonio Carrillo y otros líderes comunitarios habían presentado una comunicación formal al Ministerio del Interior de Paraguay. Recibido el 11 de agosto, el documento expresaba su preocupación por los intentos de despojar a la comunidad de su territorio y las acusaciones que consideraban falsas y perjudiciales para su dignidad.
Creciente preocupación por la seguridad de la comunidad
Los sucesos del 14 de agosto no pusieron fin a la inseguridad de la comunidad.
En una nueva declaración pública emitida el 27 de octubre de 2026, la Pastoral Indígena Espíritu Santo de Nueva Esperanza, asociada con las Misioneras Siervas del Espíritu Santo (SSpS), expresó su grave preocupación por las continuas amenazas e intimidaciones contra la comunidad.
El ministerio informó sobre denuncias de repetidas incursiones de civiles armados, apoyados por fuerzas de seguridad pública, en el territorio demarcado de la comunidad. También expresó su preocupación por la presencia de vehículos militares y helicópteros, incluidos vuelos sobre instalaciones escolares que, según los informes, asustaron a los niños.
Según el ministerio, civiles armados y personal de seguridad pública han estado operando en la zona en medio de la continua disputa territorial. Hizo un llamamiento a las autoridades paraguayas para que garanticen que las operaciones de seguridad respeten los derechos constitucionales e internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas.
Estos informes plantean preguntas urgentes sobre la seguridad de los niños, las familias, los maestros y los líderes comunitarios.
El ministerio concluyó su declaración con una clara demanda:
El Estado paraguayo debe cumplir con su responsabilidad fundamental de garantizar la seguridad de los pueblos indígenas.
La Iglesia Católica pide verdad y justicia
Líderes y organizaciones católicas en Paraguay han respondido con preocupación, solidaridad y llamamientos a la rendición de cuentas.
El 16 de agosto, el Cardenal Adalberto Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción, expresó sus condolencias a las familias de Antonio Carrillo y Catalino Correa y a toda la comunidad Ava Guaraní.
Hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades competentes investiguen a fondo las circunstancias de las muertes, establezcan la verdad y determinen responsabilidades con pleno respeto al debido proceso, la dignidad humana y los derechos indígenas.
La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI), un órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya, emitió un comunicado el 18 de agosto pidiendo una investigación exhaustiva, objetiva, independiente, imparcial y transparente. Solicitó a las autoridades que aclaren las circunstancias que rodearon el uso de la fuerza, la conducta de las instituciones participantes y si se habían respetado las garantías constitucionales y los derechos humanos.
La Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay (CONFERPAR) también expresó su dolor e indignación. Recordó a las autoridades públicas que su responsabilidad no se limita a responder después de que haya ocurrido la violencia. También deben prevenir la violencia y proteger a las comunidades cuyos derechos han sido históricamente descuidados.
La organización coordinadora de derechos humanos de Paraguay Codehupy también cuestionó la versión oficial y pidió una investigación independiente, al tiempo que llamó la atención sobre preocupaciones más amplias sobre la violencia y la criminalización que afectan a las comunidades indígenas y rurales en Canindeyú.
También se informó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Paraguay había pedido una investigación independiente, objetiva y exhaustiva, así como medidas de protección para las familias y la comunidad afectadas.
Juntas, estas voces afirman que la protección de la vida humana, la búsqueda de justicia y el respeto por los derechos indígenas son responsabilidades esenciales del Estado.
Búsqueda de justicia a través de mecanismos nacionales e internacionales
La comunidad Tekoha Y’apo ha seguido buscando protección legal para su territorio y rendición de cuentas por las muertes.
Según el informe compartido con VIVAT International, la comunidad ha presentado documentación que respalda sus reclamaciones territoriales ante un tribunal civil en Asunción y ha interpuesto un interdicto de retener la posesión, una acción legal que busca la protección de su posesión continuada de la tierra.
También se ha presentado una denuncia penal en relación con presuntos abusos contra miembros de la comunidad y las circunstancias que rodearon las muertes de Antonio Carrillo y Catalino Correa.
Además, la comunidad ha expresado su intención de buscar protección a través del sistema interamericano de derechos humanos.
Estas acciones reflejan la determinación de la comunidad de defender sus derechos a través de medios legales e institucionales, incluso mientras enfrenta inseguridad e incertidumbre.
VIVAT International alza su voz en las Naciones Unidas
Miembros de VIVAT International en Paraguay pusieron la situación en conocimiento de la organización, demostrando la importancia de la presencia de base de VIVAT y su conexión con las comunidades que experimentan injusticia.
En respuesta, VIVAT International planteó la cuestión en las Naciones Unidas en Ginebra, pidiendo una investigación exhaustiva y transparente, respeto al debido proceso, prevención de más violencia, protección de la comunidad indígena afectada y acceso a sus tierras ancestrales.
La situación también ha sido compartida para la reflexión y posible defensa colectiva entre los miembros de la Coalición de Justicia de Religiosos (JCoR), incluida la consideración de acciones conjuntas a través de los mecanismos de las Naciones Unidas y el compromiso diplomático.
Para VIVAT International, este caso está directamente relacionado con su misión de promover los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de cada persona, particularmente de aquellos cuyas voces son con demasiada frecuencia excluidas de las decisiones que afectan sus vidas.
También destaca la importancia de llevar las experiencias vividas por las comunidades indígenas a los debates internacionales sobre derechos humanos.
Un llamamiento a la familia VIVAT
La situación de Tekoha Y’apo nos recuerda que la defensa de los derechos de los pueblos indígenas es inseparable de la defensa de la vida, la paz, la identidad cultural y la integridad de la creación.
Detrás de las disputas legales y las declaraciones oficiales hay familias que lloran a sus seres queridos, niños que han perdido a su maestro y una comunidad preocupada por su seguridad y futuro.
Como miembros de la familia VIVAT, estamos llamados a solidarizarnos con el pueblo Ava Guaraní, a escuchar sus voces y a apoyar sus legítimas aspiraciones de justicia y protección de sus tierras ancestrales.
Invitamos a los miembros y socios de VIVAT de todo el mundo a:
- Recordar en oración a Antonio Carrillo, Catalino Correa y sus afligidas familias.
- Expresar solidaridad con la comunidad Tekoha Y’apo y quienes la acompañan.
- Sensibilizar sobre la situación y los derechos de los pueblos indígenas.
- Apoyar la defensa pacífica y basada en derechos para una investigación independiente y una protección efectiva de la comunidad.
- Fortalecer la colaboración entre las comunidades de base, las congregaciones religiosas y las redes internacionales de derechos humanos.
Las palabras de Jesús ofrecen un poderoso recordatorio de la responsabilidad compartida por todos los que trabajan por la justicia:
“Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.” (Juan 10:10)
Para el pueblo de Tekoha Y’apo, el derecho a la vida debe incluir el derecho a vivir sin miedo, a permanecer en su territorio ancestral, a educar a sus hijos con seguridad y a preservar su identidad y tradiciones.
Mientras VIVAT International continúa su labor de defensa, las voces de la comunidad Ava Guaraní deben permanecer en el centro de nuestros esfuerzos.
Que nuestra solidaridad contribuya a un futuro en el que se establezca la verdad, se haga justicia y los pueblos indígenas puedan vivir con dignidad y paz en sus tierras ancestrales.
Fuentes: Declaraciones emitidas por el Cardenal Adalberto Martínez Flores (16 de agosto de 2026), Codehupy (16 de agosto de 2026), CONAPI (18 de agosto de 2026), CONFERPAR y Pastoral Indígena Espíritu Santo (18 de agosto y 27 de octubre de 2026); y el informe sobre la situación de Tekoha Y’apo preparado para JCoR.
Nota: Las versiones relativas a las muertes, las operaciones de seguridad y la presunta implicación de actores privados siguen siendo objeto de disputa. Las alegaciones se atribuyen a sus respectivas fuentes y no deben entenderse como conclusiones de una investigación independiente.
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